Al cerrar los primeros cuatro meses del 2021, el consumo nacional de combustibles (gasolina y diésel) superó los niveles de un año atrás. Y aun cuando las cuarentenas desaceleran la recuperación ‒cada día de estas dejan pérdidas en ventas de combustibles de al menos $30.000 millones‒, el acumulado de consumo a abril superaba en 22% y 5% al 2020 y al 2019, respectivamente. Se reducía así la incertidumbre y seguía retornando la confianza empresarial.
Los saldos en ventas, en medio de un encuentro de fuerzas contrarias, continuaban pasando de agrios a dulces. El movimiento del PIB en el primer trimestre del año, por ejemplo, dio optimismo porque la economía subió poco más de uno por ciento. Sin embargo, a lo largo de la cadena nacional de valor de combustibles líquidos, incluso llegando hasta los principales consumidores (los servicios de transporte terrestre y aéreo), los datos se mantuvieron en terreno negativo. He aquí la contrariedad del momento.
Los números económicos nacionales se han reflejado en un panorama social altamente complejo, con casos extremos como los de los hogares con tres o más niños donde la pobreza cubre al 77% ‒los hijos ya no llegan con el pan debajo del brazo‒. La escalada de la pobreza, con afectaciones diferenciales entre los grupos poblacionales, tiene origen en el desacople estructural de la demanda y la oferta en el mercado de trabajo, fenómeno que indica que la prioridad, muy por encima de la productividad, es la generación de empleo.
A los efectos de la pandemia se han sumado los del paro. La distribución minorista de combustibles ha dejado de vender desde el pasado 28 de abril más de $500.000 millones. Cada día de paro genera pérdidas en ventas por $24 mil millones. La paradoja del momento en varias zonas del país es tanques vacíos en las estaciones de servicio, llenos en las plantas de abastecimiento y las refinerías. El consumo de combustibles ha llegado a niveles similares a los de las cuarentenas de marzo y abril de 2020. En materia de infraestructura, por ejemplo, en Cali recuperar las estaciones de servicio costaría al menos $60.000 millones.
Las pérdidas económicas de más de medio billón de pesos son el capítulo menos intenso de una historia que se ha venido llenando de sufrimientos físicos y sicológicos, y en la cual ya hay una cicatriz en el alma dejada por las vidas perdidas durante estos tiempos de agitación social. Llego el momento de superar la radicalización, dialogar y desbloquear a la sociedad para iniciar la recuperación social, económica y moral.
El desabastecimiento parcial o total de los combustibles detiene la reproducción de los medios de vida y la interacción social. Hoy ante la peor crisis en vigencia de la Constitución actual, que otorga derechos y deberes, es impostergable reactivar el ahorro nacional ‒que no se fugue más‒, fomentar la inversión y revitalizar las cadenas nacionales de valor. Sin dilaciones hay que aplicar un plan de empleo de emergencia, para el cual seguramente se necesitará un gran aporte fiscal y económico del punto más alto de la cúspide patrimonial, que le genere una chispa de empuje a todos los tejidos sociales y productivos.
Además de la chispa para reanimar la recuperación, en sectores como el de la distribución de combustible se necesita postergar por lo menos dos años la entrada en vigor de exigencias técnicas imposibles de cumplir en estos tiempos complejos. El país puede tener la certeza de que toda la cadena de valor de los combustibles líquidos seguirá activa para proveer la energía que nuestra nación necesita para superar las dificultades y ponerse rumbo a la prosperidad.
Bogotá, 25 de mayo de 2021
Juan Pablo Fernández M.
Presidente Ejecutivo COMCE