El arribo de las primeras vacunas es una grata noticia. El país está ante una empresa nunca vista y no libre de riesgos, como los asociados a las cadenas globales de producción y comercio. En este proceso es sano escuchar todas las voces, incluidas las de personas con altos conocimientos en salud pública que han expresado observaciones a los planes gubernamentales. Así lo dicta el propósito nacional de lograr la inmunidad del rebaño reduciendo la dolorosa mortandad padecida hasta ahora.
El reto socioeconómico también es titánico. En el 2020 diez de las doce actividades económicas que integran el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) tuvieron números rojos. Solo las actividades financieras y las inmobiliarias mostraron datos en verde. El PIB bajó 6,8% y en diciembre la economía seguía en terreno negativo. La inversión se desplomó en 21%. La construcción, la minería, el comercio, las artes y el entretenimiento, y la industria se derrumbaron en 28, 16, 15, 12 y 8 por ciento, respectivamente. Esas actividades que representan el 39% de la economía nacional cayeron en 15%, mientras el resto lo hizo 0,8%. En diciembre pasado la confianza empresarial y la del consumidor cerraron a la baja.
La caída en las inversiones en infraestructura, vivienda y maquinaria, es decir, en el stock de capital, dejan un gran deterioro de la capacidad productiva. El capital y el trabajo no se están combinando a plenitud. El gasto público aumentó a una velocidad inferior a la de la caída del consumo de los hogares (-5,8% versus +3,7%). ¿Será Colombia víctima de su disciplina fiscal, como lo planteó Bloomberg? Y la expansión del dinero (+$82,5 billones del M3) no llegó a toda la economía por igual.
Las estadísticas del DANE también revelan un difícil panorama social. Al desempleo que sufren 3,3 millones de compatriotas ‒flagelo que con mayor rigor golpea a las mujeres‒ se suma que las personas con empleo remunerado, la inmensa mayoría informal, con ingresos a la baja atienden la manutención de más personas. En diciembre de 2019, por cada cien ocupados había 74 personas desempleadas o inactivas. En diciembre pasado el indicador creció a 87. El ingreso por habitante es inferior al de 2018. Y en las 23 ciudades más grandes solo el 4,1% de los hogares considera estar mejor que al cerrar 2019.
La emergencia aún no termina. Para dar bases más sólidas a la recuperación hay que elevar el ahorro y la inversión, fines que se alcanzan con nuevos impulsos de liquidez directa al bolsillo de la gente y a la caja de las empresas. Hay llamados por planes de empleo masivo y nuevos alivios a las empresas de todos los tamaños ‒dos medidas son mover los plazos para los pagos de los impuestos y bajar más el costo del crédito‒. Los instrumentos fiscales y monetarios hay que usarlos, ¡todos!, para elevar la demanda y hacer que el gasto mueva prioritariamente las cadenas de valor con fuertes vínculos dentro de las fronteras nacionales, entre las que se encuentra la de los combustibles líquidos.
Bogotá, 22 de febrero de 2021
Juan Pablo Fernández M.
Presidente Ejecutivo COMCE